Un nuevo caso de presunto abuso por parte de la Policía Estatal de Campeche vuelve a encender la molestia ciudadana y exhibe lo que muchos consideran un actuar excesivo, recaudatorio y alejado de la verdadera función de proteger a la población.
De acuerdo con la denuncia recibida por CarmenHoy Noticias, un camión que transportaba vidrios sufrió la ruptura de una soga durante su paso por Ciudad del Carmen, provocando accidentalmente la caída de tres vidrios sobre la vía pública. Lo más importante es que, pese al incidente, no hubo personas lesionadas ni daños a terceros, además de que el chofer nunca se percató de lo ocurrido y continuó su trayecto con normalidad.
Sin embargo, en lugar de alertar al conductor en ese momento o actuar con criterio, elementos de la Policía Estatal de Campeche, apoyados por el sistema C5, decidieron darle seguimiento durante kilómetros hasta interceptarlo en la comunidad de Atasta.
Fue ahí donde comenzó el calvario para el operador. Los agentes lo detuvieron bajo el argumento de “andar tirando vidrios a diestra y siniestra” en Ciudad del Carmen. Según versiones recabadas, al no existir ningún tipo de “arreglo”, los policías procedieron a trasladarlo detenido nuevamente a Ciudad del Carmen, donde ya lo esperaban autoridades de Medio Ambiente.
La sorpresa fue todavía mayor cuando al trabajador le notificaron una multa de 100 mil pesos, además de enviar la unidad al corralón, donde diariamente siguen aumentando los costos de encierro.
Ante esta situación, CarmenHoy Noticias se dio a la tarea de investigar cuánto podría ascender realmente una sanción relacionada con arrojar residuos o materiales en la vía pública, encontrando que las multas oscilan aproximadamente entre 1,700 pesos y un máximo cercano a los 14 mil pesos, cifras muy lejanas a los 100 mil pesos que hoy pretenden cobrarle al transportista.
Todo este viacrucis comenzó desde el pasado 29 de abril, y hasta el día de hoy el chofer continúa varado, pagando comida y hospedaje mientras espera que las autoridades “se les ablande el corazón” y decidan cobrar una sanción justa y proporcional.
La situación ha generado fuertes cuestionamientos entre ciudadanos y transportistas, quienes se preguntan si realmente la Policía Estatal de Campeche está para proteger a la población o si ahora se dedica a perseguir trabajadores para convertir accidentes involuntarios en negocios millonarios.
Porque mientras los problemas reales de inseguridad siguen golpeando al estado, pareciera que las autoridades prefieren ensañarse con personas que trabajan largas jornadas en carretera, lejos de sus familias, moviendo mercancías, generando economía y pagando impuestos.
La pregunta sigue en el aire:
¿Desde cuándo un accidente sin lesionados ni daños graves merece un operativo digno de criminales?
¿En qué momento la Policía Estatal de Campeche perdió el sentido común y la sensibilidad humana?
La ciudadanía exige justicia, criterio y un alto a los abusos de autoridad.
