Una fuerte inconformidad crece entre trabajadores de la empresa Marinsa, filial del Grupo Cemza, quienes aseguran que llevan alrededor de tres meses sin recibir su salario, situación que ha provocado desesperación entre tripulantes y personal administrativo que dependen de ese ingreso para sostener a sus familias.
De acuerdo con testimonios de afectados, la empresa encabezada por el empresario José Luis Zavala Solís ha justificado la falta de pagos argumentando que varias embarcaciones, entre ellas “Lagunero” y “Puerto Real”, se encuentran trabajando en proyectos en Brasil con la petrolera Petrobras. Sin embargo, para los trabajadores esta explicación resulta inaceptable: mientras ellos enfrentan la incertidumbre económica, los altos mandos continúan operando con normalidad.
Los inconformes señalan que dentro del consejo de Cemza y su filial Marinsa —donde figuran directivos como Lauro Vázquez, Angélica Linares y el CEO Edgar Orozco— se habría manifestado incluso que la nómina no es prioridad, lo que ha generado indignación entre el personal que mantiene operativas las embarcaciones y los servicios de la compañía.
Un historial polémico
La situación laboral ocurre en medio de un largo historial de señalamientos contra la empresa. Investigaciones periodísticas y reportes oficiales indican que Marinsa ha sido objeto de indagatorias por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y comercialización ilegal de combustibles, luego de que autoridades detectaran movimientos financieros por más de 22 mil millones de pesos cuyo origen no fue acreditado entre 2019 y 2022.
Además, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió carpetas de investigación contra la compañía y su principal accionista por operaciones financieras inusuales y posibles delitos relacionados con hidrocarburos.
Incluso, en 2023 la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) llegó a bloquear cuentas bancarias de empresas del grupo, aunque posteriormente algunas fueron liberadas mediante amparos judiciales.
Cambios de razón social y pagos “a cuentagotas”
Trabajadores denuncian que otro de los problemas recurrentes es que la empresa cambia de razón social al personal cada seis meses, lo que complica antigüedades laborales, liquidaciones y obligaciones fiscales.
Aseguran también que en algunos casos los pagos se realizan a cuentagotas, con depósitos parciales que apenas alcanzan para cubrir lo básico, situación que ha sido comparada por empleados con sistemas de abono como los de tiendas departamentales.
Mientras tanto, embarcaciones como el barco procesador de lodos “Bateleur” y otras unidades continúan operando con tripulaciones que —según los denunciantes— trabajan bajo presión económica y laboral.
Exigen investigación y sanciones
Ante este panorama, trabajadores y fuentes cercanas al caso piden que las autoridades laborales, fiscales y marítimas investiguen a fondo la situación, no sólo por el posible incumplimiento de pagos, sino también por las prácticas administrativas que podrían estar afectando derechos laborales.
Para muchos empleados, el mensaje es claro:
si hay recursos para proyectos internacionales y sueldos de altos directivos, también debería haber para pagar a quienes realmente mantienen funcionando los barcos y las operaciones.
La pregunta que hoy circula entre los afectados es simple:
¿cómo una empresa que ha manejado contratos millonarios puede dejar a su propia gente sin salario durante meses?
