Por: CarmenHoy Noticias
En la Universidad Autónoma del Carmen, el lema podría cambiarse de “por la cultura hacia el porvenir” a “por el poder hacia la impunidad”, cortesía de su rectora Sandra Laffón, quien últimamente parece más interesada en jugar al Monopoly con casas ajenas que en dirigir una institución educativa.
La señora Laffón, quien debería estar ocupada resolviendo los problemas académicos, financieros y éticos de la universidad, ahora es señalada ni más ni menos que por autorizar el despojo de una vivienda que pertenecía legal y legítimamente al ex profesor José Luis, quien además ya había saldado su deuda con el INFONAVIT. Ocho días después de su fallecimiento —sí, ocho días— alguien decidió que era momento perfecto para tomar la casa… ¿con qué sensibilidad, no?
La operación fue quirúrgica: se cambiaron chapas, se sustrajeron documentos y pertenencias, y se le cerró la puerta, literal y simbólicamente, a Yadira Herrera Carrillo, esposa del difunto y madre de sus seis hijos. ¿Y quién estaba en altavoz coordinando el operativo como si fuera una escena de “La Casa de Papel”? La mismísima rectora.
Eso sí, con una frialdad que envidiaría cualquier villano de telenovela, Laffón le informó a Yadira que “la casa ya no le pertenecía”. ¿Y por qué? Porque sí. Porque en su reino universitario, ella decide quién entra y quién no. La Policía Municipal fue testigo directo, pero pareciera que en la Villa Universitaria la única ley es la voluntad de Sandra I, Reina del Conjunto Habitacional.
La denuncia ya está interpuesta. Yadira no se ha quedado callada, ni lo hará. Mientras tanto, la comunidad universitaria observa con indignación cómo la rectora se aleja cada vez más de su papel institucional para asumir uno que ni en Game of Thrones: el de usurpadora de casas y verduga del estado de derecho.
¿Hasta dónde va a llegar esta señora? ¿Cuál será su próxima orden: desalojar a docentes con puntajes bajos en evaluaciones? ¿Reasignar casas a cambio de favores políticos? ¿Ponerle precio a los derechos humanos?
Es momento de que las autoridades —las verdaderas, no las académicas— pongan un alto. Porque cuando una rectora se convierte en ejecutora de despojos, ya no estamos hablando de educación, sino de crimen con toga y birrete.
