CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE.— Una grave denuncia presentada por un trabajador sindicalizado de Petróleos Mexicanos vuelve a colocar bajo cuestionamiento la actuación de la dirigencia de la Sección 42 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) en Ciudad del Carmen.
De acuerdo con el documento, Juan de Dios Dávila Vidal Flores, trabajador de planta sindicalizado, ficha F-452243 y socio activo de la Sección 42, denunció haber sido víctima de hostigamiento, insultos y una presunta agresión física durante una asamblea sindical realizada el pasado 11 de junio de 2026.
El señalamiento principal recae sobre Luis Gerardo Pérez Sánchez, conocido como “La Peggy”, presidente local de Vigilancia de la Sección 42, a quien el trabajador responsabiliza directamente de las conductas denunciadas.
Pero el caso no termina ahí.
La denuncia también cuestiona severamente la actuación del Comité Ejecutivo Local (CEL) y del Comité Ejecutivo General (CEG) del STPRM, debido a que, según la versión del trabajador, funcionarios sindicales habrían presenciado lo ocurrido sin intervenir para detener la confrontación.
¿ASAMBLEA SINDICAL O ESPACIO DE EXCLUSIÓN?
Según el escrito fechado el 22 de junio de 2026, Dávila Vidal Flores acudió en tiempo y forma a la asamblea convocada por el Comité Ejecutivo Local en el inmueble ubicado en Avenida Periférica Norte número 48, colonia Petrolera, Ciudad del Carmen.
La convocatoria había sido emitida desde el 4 de junio.
El trabajador sostiene que durante la reunión comenzó a ser hostigado y que posteriormente la situación escaló hasta los insultos y la presunta agresión física.
Uno de los señalamientos que más llama la atención es que, presuntamente, se le manifestó que solamente los llamados “guindas” podían permanecer dentro del recinto.
De confirmarse esta versión, el episodio abriría una pregunta incómoda para la dirigencia petrolera:
¿Las asambleas de la Sección 42 son espacios para todos los trabajadores sindicalizados o solamente para quienes pertenecen o simpatizan con determinado grupo interno?
Porque un sindicato debe representar trabajadores, no dividirlos entre buenos y malos dependiendo del color, corriente o grupo al que pertenezcan.
EL SILENCIO TAMBIÉN DEBE EXPLICARSE
La parte más delicada de la denuncia no es únicamente la presunta confrontación.
El trabajador señala que integrantes del Comité Ejecutivo Local estuvieron presentes y no habrían actuado para frenar los hechos.
Y ahí surge otra cuestión que la dirigencia de la Sección 42 tendría que responder públicamente:
¿Qué hicieron los responsables sindicales mientras uno de sus propios socios asegura que era hostigado y agredido dentro de una asamblea?
Un sindicato que exige respeto a los derechos laborales también tiene la obligación de garantizar respeto dentro de su propia casa.
No puede existir un doble discurso.
No se puede reclamar democracia sindical hacia afuera mientras internamente existen denuncias de presiones, exclusión, intimidación o violencia contra quienes piensan diferente.
LA DENUNCIA INVOCA LOS PROPIOS ESTATUTOS DEL STPRM
Dávila Vidal Flores fundamentó su escrito en distintas disposiciones legales y sindicales.
Entre ellas menciona el artículo 216 del estatuto del STPRM, relacionado con las funciones de los consejos locales de Vigilancia y la obligación de velar por los derechos de los socios activos.
También hace referencia al artículo 49, fracción XIX, relativo al comportamiento y orden que debe mantenerse durante las asambleas y actividades sindicales.
Asimismo, invoca disposiciones del Código de Ética del STPRM y hace referencia al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC, herramienta relacionada con posibles violaciones a derechos de libertad sindical y negociación colectiva.
Es decir, el trabajador no está planteando únicamente una inconformidad personal.
Está exigiendo que las propias estructuras sindicales revisen si la actuación denunciada contradice los estatutos, principios y obligaciones que el sindicato dice defender.
LA SECCIÓN 42 TIENE QUE DAR LA CARA
La dirigencia de la Sección 42 del STPRM no debería minimizar una acusación de esta naturaleza.
Cuando un trabajador acusa a integrantes de una estructura sindical de hostigamiento, agresión y discriminación interna, la respuesta institucional no puede ser simplemente guardar silencio.
Debe haber una investigación.
Debe existir una explicación.
Y, si corresponde, deben deslindarse responsabilidades.
La dirigencia sindical tiene además la obligación de garantizar que cualquier trabajador pueda acudir a una asamblea sin miedo a ser intimidado, expulsado, insultado o agredido por mantener una posición diferente.
El sindicalismo no puede convertirse en patrimonio privado de grupos, corrientes o dirigentes.
La representación sindical pertenece a los trabajadores.
UNA DENUNCIA QUE NO DEBERÍA QUEDAR ARCHIVADA
El caso también representa una prueba para el Comité Ejecutivo General del STPRM.
Si existen documentos formales denunciando posibles abusos dentro de una sección sindical, corresponde investigar y responder.
Porque permitir que una denuncia grave termine olvidada en algún escritorio únicamente alimentaría la percepción de impunidad y protección interna.
Ciudad del Carmen merece organizaciones sindicales democráticas, transparentes y respetuosas de sus propios trabajadores.
Y los petroleros de la Sección 42 merecen saber si dentro de su sindicato pueden expresar diferencias libremente o si hacerlo significa exponerse a confrontaciones.
Hasta el momento, los hechos descritos corresponden a la versión y denuncia presentada por Juan de Dios Dávila Vidal Flores. Las personas y órganos sindicales señalados conservan su derecho de ofrecer su versión, aclaraciones o documentos sobre el caso.
CARMENHOY NOTICIAS deja abierto el espacio para que Luis Gerardo Pérez Sánchez, el Comité Ejecutivo Local de la Sección 42 y el Comité Ejecutivo General del STPRM ejerzan su derecho de réplica.
📢 La pregunta queda sobre la mesa: ¿investigará realmente el STPRM lo ocurrido o la denuncia terminará en el silencio?
