Ciudad del Carmen — Lo que por años fue el motor económico del sureste hoy es tratado como un estorbo por el poder central. Pemex y el Gobierno Federal consumaron el retiro del estatus petrolero al estado de Campeche, una decisión silenciosa, fría y profundamente lesiva que marcará un antes y un después en la historia económica de la entidad.
Campeche — y particularmente Ciudad del Carmen— ya venía arrastrando una crisis severa, pero esta determinación termina por hundir no solo a la isla, sino a todo el estado. El estatus petrolero no era un título simbólico: representaba recursos, apoyos, inversión, obra pública, empleo y derrama económica. Hoy, todo eso se reduce drásticamente.
Al perder dicho estatus, disminuyen de manera considerable los recursos federales, los programas de apoyo, los donativos, la inversión en infraestructura y la capacidad de maniobra del gobierno estatal. Campeche pasa de ser un estado estratégico a uno dependiente y suplicante, obligado a mendigar recursos a la Federación o a guardar silencio ante una decisión que debió ser combatida legalmente.
Promesas hubo muchas. En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las oficinas de Pemex se establecerían en Ciudad del Carmen. Nunca ocurrió. La palabra presidencial se evaporó, y con ella, la esperanza de miles de familias. Para colmo, actores políticos locales abonaron al abandono: declaraciones minimizando la capacidad de la isla y justificando la falta de infraestructura sirvieron como pretexto perfecto para el despojo.
La consecuencia es inmediata y devastadora:
– Caída del PIB estatal, al considerarse a Campeche “no productivo” para Pemex.
– Migración forzada de empresas hacia Dos Bocas, Coatzacoalcos o donde el gobierno federal decida concentrar el negocio.
– Cierre masivo de hoteles, restaurantes, comercios y proveedores.
– Endeudamiento de ciudadanos y empresarios que sobreviven a base de créditos impagables.
Y mientras la actividad económica se desploma, la deuda de Pemex con empresas campechanas permanece intacta. Adeudos acumulados de 2023 y 2024 que, según estimaciones del sector, rondan los 400 mil millones de pesos, maquillados con “convenios” y pagos mínimos que solo sirven para estirar la agonía y obligar a las empresas a seguir trabajando sin certeza de cobro.
Hoy, bajo el gobierno federal que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo, la apuesta ya no es Campeche. La inversión, la atención y la prioridad se trasladan al Puerto de Frontera, Tabasco, dejando claro que el abandono no es casual, es una decisión política.
Trabajadores sindicalizados de las secciones 47, 42 lo dicen sin rodeos:
“Es momento de despertar. La 4T nos falló y nos está cobrando muy caro la lealtad. Campeche fue útil mientras produjo; hoy lo desechan.”
El retiro del estatus petrolero no es un trámite administrativo: es una sentencia económica. Y el silencio de muchos, tanto en el gobierno como en ciertos medios, los hace cómplices de uno de los golpes más duros que ha recibido Campeche en décadas.
